La incapacitación
El paciente con enfermedad de Alzheimer va a presentar un deterioro de su memoria, de su capacidad de juicio, de sus facultades de reconocimiento de personas, así como un deterioro de otras capacidades cognitivas que le impedirán la correcta toma de decisiones para manejar su persona y asuntos económicos.
Este hecho puede provocar situaciones peligrosas en la vida cotidiana del paciente como dejar el gas o el grifo abierto, extraviarse, no llevar adecuadamente su medicación, dejar la casa abierta o dejar de asearse con regularidad y, en algunos casos, tener una alimentación inadecuada. Las personas afectadas por esta disminución de sus facultades cognoscitivas pueden malgastar el dinero y sacar grandes sumas de sus cuentas bancarias, comprar bienes innecesarios o, incluso, ser engañados por terceras personas. A los efectos de salvaguardar sus propios intereses, resulta necesario que otros asuman estas responsabilidades por el paciente. Para que estas personas puedan asumir dicha responsabilidad con plenos efectos legales, debe procederse previamente a la declaración de incapacidad legal y consiguiente nombramiento de un tutor legal, que asumirá en tal condición todas las facultades necesarias para administrar y velar por los intereses del paciente.
Esta declaración de incapacidad legal y nombramiento de tutores debe realizarse en el marco de un procedimiento judicial ante los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del presunto incapaz.
Dicho procedimiento judicial puede iniciarse bien a instancias del Ministerio Fiscal, o bien mediante la oportuna demanda de declaración de incapacidad, formulada por los familiares del presunto incapaz, que deberá ir firmada por abogado y procurador. A este respecto, debe señalarse que los familiares no deben temer la circunstancia de tener que “dirigir una demanda o denuncia contra su propio familiar” para comenzar el proceso judicial de incapacitación porque “no es más que una solicitud que la familia cursa para implantar un sistema de protección especial para ese familiar”.
La incapacitación civil intenta velar por los intereses de los incapaces y potenciar al máximo las funciones de protección que el Derecho ofrece a todas aquellas personas con las facultades cognoscitivas mermadas, como es el caso de los enfermos con Alzheimer, y al mismo tiempo
ofrecer las máximas garantías a éste y su familia para poder defender y ejercitar sus derechos.
Última actualización: 04 ago 2010
